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sábado, 20 de julio de 2019

En Venezuela se intensifican las ejecuciones, torturas y represión a los detenidos por motivos políticos

En paralelo el FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana) tomó protagonismo como grupo de tareas. De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país. / Foto: Cortesía

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en el terro de los barrios más pobres de Venezuela por la brutalidad de sus operativos que incluyen centenares de ejecuciones extrajudiciales. Así lo reseña infobae.com
Por Elizabeth Ostos
Tortura. Violación a los Derechos Humanos. Ajusticiamientos. Persecución a disidentes. Presos políticos. Son algunos de los hallazgos del informe elaborado por el equipo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Las conclusiones todavía retumban en esta nación caribeña.
La investigación abarca los años 2014 y 2019 y los apartados del texto que más llamaron la atención a activistas y defensores de DDHH son los relacionados con malos tratos, agresiones sexuales y torturas a los detenidos por motivos políticos. La lista es variopinta: militares antiguamente afectos a la revolución bolivariana, ex funcionarios públicos, usuarios de redes sociales, opositores radicales, músicos, deportistas, estudiantes, dirigentes políticos, sindicales y sociales, periodistas y cientos de ciudadanos de a pie.
En el documento se relata que los casos de tortura que se aplicaron a los presos políticos consistieron en cargas de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, privación de agua y comida, exposición a la luz extrema, entre otras vejaciones.
Y en el caso de ajusticiamientos, el grueso de denuncias de los venezolanos apuntaba hacia el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, fundado en 2017.
“Estuve en la reunión con la Comisionada Bachelet y pudimos constatar que el patrón es sistemático: para el gobierno de Maduro, a la disidencia hay que darle duro y callarla. Dar castigos ejemplarizantes al que se oponga al régimen y que todos lo vean, para que nadie se atreva. Pero nosotros no pararemos hasta que se haga justicia en Venezuela”, dijo Aracelis Sánchez, directora de la Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos (Orfavideh) a Infobae.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, recomendo en su inf0rme la disolución de las FAES, señaladas por 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018


La modalidad de las acciones de los funcionarios de las Faes es la de ejecutar operativos de seguridad en las principales ciudades de Venezuela, con la intención de ubicar y capturar a delincuentes y terroristas, según lo ha anunciado el gobierno.
“Son hombres enmascarados, vestidos de negro quienes llegan al barrio (favelas) en camionetas sin placas. Irrumpen en las calles y casas, roban, hieren, torturan y agreden al que encuentran“, revela Sánchez cuyo hijo, Darwinson Sequera, fue asesinado por funcionarios de la policía judicial venezolana, en 2013. Desde entonces acompaña a familiares de ajusticiados por organismos de seguridad en la búsqueda de justicia.
“¡Que viva el Faes!”
Según el monitor de víctimas de Venezuela, entre junio de 2018 y junio de 2019, solo en Caracas se han producido 1.119 homicidios. Al menos 391 han sido responsabilidad del Faes, el 35% de todos los asesinatos.
El informe de Bachelet recomendó al gobierno de Maduro la disolución del Faes, organismo responsable de 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018. Y la cifra de 2019 está por cuantificarse y según activistas de los DDHH, ésta aumentará significativamente. En un acto público, el miércoles, Nicolás Maduro expresó su apoyo, “físico y logístico”, según dijo, para el Faes “¡Todo el apoyo para el Faes en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Que viva el Faes!”, exclamó.
“El patrón de represión continuará”, añade Sánchez.
Atacan a los más pobres
A Carmen Arrollo le indigna que desde el alto gobierno se ratifique el apoyo al Faes. Su hijo, Christian Charry, de 25 años, fue ajusticiado por funcionarios de ese organismo el 24 de septiembre de 2018, en un operativo en Petare, sector popular al este de Caracas.
“Su delito fue ser pobre y estar en la calle cuando llegó el Faes. Me contaron testigos de su detención y asesinato que le dieron una golpiza antes de dispararle. Son unos criminales con uniforme”, cuenta a Infobae.
Raul Hernández Peña, de 25 años, uno de los asesinados por las FAES en el asentamiento campesino de Guardatinajas


Dice que el cuerpo de su hijo presentaba golpes en la cabeza y escoriaciones en las cejas y los labios. “El estaba en una fiesta y se iba a la casa de su suegra a seguir festejando. Lo torturaron y mataron sin motivo los tipos del Faes. Estoy integrada a un grupo de defensa de derechos humanos buscando justicia”.
El asesinato de Raul Hernández Peña, muerto en el asentamiento campesino de Guardatinajas, ubicado en el estado Guárico (centro), también es atribuido al Faes. El pasado jueves 4 de julio el joven de 25 años desapareció. Su cuerpo fue encontrado dos días después en una zona boscosa, muerto con un balazo en el pecho.
Su mamá, Carmen Zobeida Peña contó a Infobae vía telefónica que la versión oficial es que Raúl murió en un enfrentamiento con el Faes. “Eso es falso pues mi hijo no tenía ni sabía como manejar un arma de fuego. El vendía frutas en el pueblo porque estaba reuniendo dinero para irse legalmente de Venezuela hacia el sur. Quería sacar su pasaporte y andar primero hacia Colombia. Él me decía que el sur no tenía límites…”.
Señala que “cuando el Faes llega, todos temen. Solo van a donde están los más pobres a perseguir y a matar, son unos exterminadores“.
Solo van a donde están los más pobres a perseguir y a matar, son unos exterminadores
Algunas personas le han recomendado a Carmen Zobeida no hacer denuncias públicas “porque no le devolverán la vida a mi hijo y porque me puedo meter en problemas. Yo seguiré luchando porque se haga justicia. Su muerte es muy reciente, no tiene un mes, pero yo no me quedaré de brazos cruzados. No soy política sino una madre venezolana que perdió algo muy grande, un hijo”.
45 días de suplicio
A la clarinetista Karen Palacios, de 25 años, la detuvieron el 1° de junio de 2019. ¿Su delito? Expresar en su cuenta de twitter @KrenClarinet su molestia al ser descartada de formar parte de la Filarmónica Venezuela, por su postura política contra el régimen de Maduro.
Imputada por instigación al odio, la joven diagnosticada con Asperger en el año 2014, estuvo presa 45 días entre los calabozos de la dirección de contrainteligencia militar (Dgcim) y la cárcel de mujeres de Los Teques a una hora de Caracas.
Karen Palacios, la clarinetista que pasó 45 días arrestada por expresar en las redes sus críticas al régimen de Nicolás Maduro.


Su mamá Judith Pérez decidió denunciar el caso luego de que se cansara de esperar la liberación de Karen. Con la boleta de excarcelación en la mano, de fecha 18 de junio, la mujer exigió que se cumpliera con la formalidad legal.
Además denunció que su hija fue torturada psicológicamente en prisión. “Le dijeron que la iban a matar”, dijo a la prensa local y solo pudo verla dos de los 45 días de la detención.
En la sede militar, estuvo presa en una habitación muy pequeña, que compartía con 10 mujeres. “Mi hija estuvo muy deprimida. Sufrió de ataques de asma y perdió mucho peso en esos 45 días”.
Luego de una enorme presión mediática y en redes, Karen Palacios fue liberada hace tres días. Tiene que presentarse cada 30 días en un tribunal y no puede usar redes sociales ni salir de Venezuela.
Ahora, Karen es candidata al exilio.










En Venezuela se intensifican las ejecuciones, torturas y represión a los detenidos por motivos políticos

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En Venezuela se intensifican las ejecuciones, torturas y represión a los detenidos por motivos políticos

En paralelo el FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana) tomó protagonismo como grupo de tareas. De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país. / Foto: Cortesía

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en el terro de los barrios más pobres de Venezuela por la brutalidad de sus operativos que incluyen centenares de ejecuciones extrajudiciales. Así lo reseña infobae.com
Por Elizabeth Ostos
Tortura. Violación a los Derechos Humanos. Ajusticiamientos. Persecución a disidentes. Presos políticos. Son algunos de los hallazgos del informe elaborado por el equipo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Las conclusiones todavía retumban en esta nación caribeña.
La investigación abarca los años 2014 y 2019 y los apartados del texto que más llamaron la atención a activistas y defensores de DDHH son los relacionados con malos tratos, agresiones sexuales y torturas a los detenidos por motivos políticos. La lista es variopinta: militares antiguamente afectos a la revolución bolivariana, ex funcionarios públicos, usuarios de redes sociales, opositores radicales, músicos, deportistas, estudiantes, dirigentes políticos, sindicales y sociales, periodistas y cientos de ciudadanos de a pie.
En el documento se relata que los casos de tortura que se aplicaron a los presos políticos consistieron en cargas de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, privación de agua y comida, exposición a la luz extrema, entre otras vejaciones.
Y en el caso de ajusticiamientos, el grueso de denuncias de los venezolanos apuntaba hacia el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, fundado en 2017.
“Estuve en la reunión con la Comisionada Bachelet y pudimos constatar que el patrón es sistemático: para el gobierno de Maduro, a la disidencia hay que darle duro y callarla. Dar castigos ejemplarizantes al que se oponga al régimen y que todos lo vean, para que nadie se atreva. Pero nosotros no pararemos hasta que se haga justicia en Venezuela”, dijo Aracelis Sánchez, directora de la Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos (Orfavideh) a Infobae.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, recomendo en su inf0rme la disolución de las FAES, señaladas por 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018


La modalidad de las acciones de los funcionarios de las Faes es la de ejecutar operativos de seguridad en las principales ciudades de Venezuela, con la intención de ubicar y capturar a delincuentes y terroristas, según lo ha anunciado el gobierno.
“Son hombres enmascarados, vestidos de negro quienes llegan al barrio (favelas) en camionetas sin placas. Irrumpen en las calles y casas, roban, hieren, torturan y agreden al que encuentran“, revela Sánchez cuyo hijo, Darwinson Sequera, fue asesinado por funcionarios de la policía judicial venezolana, en 2013. Desde entonces acompaña a familiares de ajusticiados por organismos de seguridad en la búsqueda de justicia.
“¡Que viva el Faes!”
Según el monitor de víctimas de Venezuela, entre junio de 2018 y junio de 2019, solo en Caracas se han producido 1.119 homicidios. Al menos 391 han sido responsabilidad del Faes, el 35% de todos los asesinatos.
El informe de Bachelet recomendó al gobierno de Maduro la disolución del Faes, organismo responsable de 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018. Y la cifra de 2019 está por cuantificarse y según activistas de los DDHH, ésta aumentará significativamente. En un acto público, el miércoles, Nicolás Maduro expresó su apoyo, “físico y logístico”, según dijo, para el Faes “¡Todo el apoyo para el Faes en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Que viva el Faes!”, exclamó.
“El patrón de represión continuará”, añade Sánchez.
Atacan a los más pobres
A Carmen Arrollo le indigna que desde el alto gobierno se ratifique el apoyo al Faes. Su hijo, Christian Charry, de 25 años, fue ajusticiado por funcionarios de ese organismo el 24 de septiembre de 2018, en un operativo en Petare, sector popular al este de Caracas.
“Su delito fue ser pobre y estar en la calle cuando llegó el Faes. Me contaron testigos de su detención y asesinato que le dieron una golpiza antes de dispararle. Son unos criminales con uniforme”, cuenta a Infobae.
Raul Hernández Peña, de 25 años, uno de los asesinados por las FAES en el asentamiento campesino de Guardatinajas


Dice que el cuerpo de su hijo presentaba golpes en la cabeza y escoriaciones en las cejas y los labios. “El estaba en una fiesta y se iba a la casa de su suegra a seguir festejando. Lo torturaron y mataron sin motivo los tipos del Faes. Estoy integrada a un grupo de defensa de derechos humanos buscando justicia”.
El asesinato de Raul Hernández Peña, muerto en el asentamiento campesino de Guardatinajas, ubicado en el estado Guárico (centro), también es atribuido al Faes. El pasado jueves 4 de julio el joven de 25 años desapareció. Su cuerpo fue encontrado dos días después en una zona boscosa, muerto con un balazo en el pecho.
Su mamá, Carmen Zobeida Peña contó a Infobae vía telefónica que la versión oficial es que Raúl murió en un enfrentamiento con el Faes. “Eso es falso pues mi hijo no tenía ni sabía como manejar un arma de fuego. El vendía frutas en el pueblo porque estaba reuniendo dinero para irse legalmente de Venezuela hacia el sur. Quería sacar su pasaporte y andar primero hacia Colombia. Él me decía que el sur no tenía límites…”.
Señala que “cuando el Faes llega, todos temen. Solo van a donde están los más pobres a perseguir y a matar, son unos exterminadores“.
Solo van a donde están los más pobres a perseguir y a matar, son unos exterminadores
Algunas personas le han recomendado a Carmen Zobeida no hacer denuncias públicas “porque no le devolverán la vida a mi hijo y porque me puedo meter en problemas. Yo seguiré luchando porque se haga justicia. Su muerte es muy reciente, no tiene un mes, pero yo no me quedaré de brazos cruzados. No soy política sino una madre venezolana que perdió algo muy grande, un hijo”.
45 días de suplicio
A la clarinetista Karen Palacios, de 25 años, la detuvieron el 1° de junio de 2019. ¿Su delito? Expresar en su cuenta de twitter @KrenClarinet su molestia al ser descartada de formar parte de la Filarmónica Venezuela, por su postura política contra el régimen de Maduro.
Imputada por instigación al odio, la joven diagnosticada con Asperger en el año 2014, estuvo presa 45 días entre los calabozos de la dirección de contrainteligencia militar (Dgcim) y la cárcel de mujeres de Los Teques a una hora de Caracas.
Karen Palacios, la clarinetista que pasó 45 días arrestada por expresar en las redes sus críticas al régimen de Nicolás Maduro.


Su mamá Judith Pérez decidió denunciar el caso luego de que se cansara de esperar la liberación de Karen. Con la boleta de excarcelación en la mano, de fecha 18 de junio, la mujer exigió que se cumpliera con la formalidad legal.
Además denunció que su hija fue torturada psicológicamente en prisión. “Le dijeron que la iban a matar”, dijo a la prensa local y solo pudo verla dos de los 45 días de la detención.
En la sede militar, estuvo presa en una habitación muy pequeña, que compartía con 10 mujeres. “Mi hija estuvo muy deprimida. Sufrió de ataques de asma y perdió mucho peso en esos 45 días”.
Luego de una enorme presión mediática y en redes, Karen Palacios fue liberada hace tres días. Tiene que presentarse cada 30 días en un tribunal y no puede usar redes sociales ni salir de Venezuela.
Ahora, Karen es candidata al exilio.










Ex directivo de la Pdvsa de Chávez es devuelto a España después que se fugara de las autoridades hacia EEUU

Raúl Morodo, al salir de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Pedraz. EFE


Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA, fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales que salpica al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones con Alejo Morodo, hijo del exembajador, por supuestas asesorías. Así lo reseña elpais.com
Por José Antonio Hernádez
Márquez se hallaba en busca y captura desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destapó el pasado 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos. El también catedrático de Derecho Constitucional Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no fue detenido debido a su avanzada edad —84 años— pero el juez le citó como investigado y figura como cabecilla de la trama.
Tras su detención el jueves en el aeropuerto madrileño, procedente de EE UU, Márquez fue conducido a los calabozos y ayer compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien, junto a la fiscal Ana Cuenca, investiga el caso. Márquez quedó en libertad con la prohibición de salir de España.
Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas, compró un billete de avión con destino a Chicago (EE UU) y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma. Horas después, con el avión en pleno vuelo, Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que, al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja, es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España. Se trataba de Márquez. Y también comunicó a los agentes españoles que en cuanto Márquez pisase el aeropuerto de Chicago sería detenido para su inmediata deportación a España en un vuelo de Iberia. Una vez en España tendrá que comparecer de nuevo ante el juez Pedraz. Esta vez, además, por haberse dado a la fuga.
Los investigadores han acreditado que Márquez, además de firmar los contratos en nombre de PDVSA, posee vínculos societarios con Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, en otra sociedad radicada en Panamá y dedicada a la gestión de inmuebles. A preguntas de la Fiscalía, Márquez aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA más que ejecutivo era de carácter simbólico y que los firmó por delegación de otras personas. Rechazó haber cobrado comisiones.
La policía cree que los contratos al hijo de Morodo como asesor jurídico de PDVSA son “una cortina de humo”. La sociedad panameña en la que Márquez figura junto a un socio de Alejo Morodo fue utilizada presuntamente por la trama como pantalla para camuflar el dinero que salió de la petrolera venezolana hacia cuentas en España del hijo del exembajador. Los investigadores sospechan que detrás de estas entregas de dinero sin justificar subyace el pago de favores a Raúl Morodo después de que este abandonase su destino diplomático en Caracas. La policía cree que el dinero se lo repartieron los cuatro implicados.
Una parte acabó en cuentas del exembajador Morodo merced a transferencias bancarias que le hizo su hijo con el dinero de los contratos. Hasta la fecha, los investigadores han descubierto trasvases del hijo al padre por importe de 180.000 euros. Un informe de Hacienda apunta la existencia de delitos fiscales, ya que los implicados no han declarado el dinero de los citados contratos. Anticorrupción investiga también delitos de falsedad, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
“Ciudadano ministro”
Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de la petrolera por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder de EL PAÍS. El ejecutivo de la compañía remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la empresa con Morodo. Y en ellas se detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.
Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, el entonces presidente de PDVSA, con Hugo Chávez en el poder, exembajador de Venezuela ante la ONU hasta su cese en 2017. Ramírez y Raúl Morodo labraron amistad durante los años en los que el exdiplomático socialista fue nombrado embajador en Caracas, entre 2004 y 2007. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.
Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos primos suyos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra cantidades millonarias que provenían del pago de comisiones de compañías que contrataron con PDVSA.

Ex directivo de la Pdvsa de Chávez es devuelto a España después que se fugara de las autoridades hacia EEUU

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Ex directivo de la Pdvsa de Chávez es devuelto a España después que se fugara de las autoridades hacia EEUU

Raúl Morodo, al salir de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Pedraz. EFE


Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA, fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales que salpica al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones con Alejo Morodo, hijo del exembajador, por supuestas asesorías. Así lo reseña elpais.com
Por José Antonio Hernádez
Márquez se hallaba en busca y captura desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destapó el pasado 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos. El también catedrático de Derecho Constitucional Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no fue detenido debido a su avanzada edad —84 años— pero el juez le citó como investigado y figura como cabecilla de la trama.
Tras su detención el jueves en el aeropuerto madrileño, procedente de EE UU, Márquez fue conducido a los calabozos y ayer compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien, junto a la fiscal Ana Cuenca, investiga el caso. Márquez quedó en libertad con la prohibición de salir de España.
Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas, compró un billete de avión con destino a Chicago (EE UU) y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma. Horas después, con el avión en pleno vuelo, Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que, al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja, es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España. Se trataba de Márquez. Y también comunicó a los agentes españoles que en cuanto Márquez pisase el aeropuerto de Chicago sería detenido para su inmediata deportación a España en un vuelo de Iberia. Una vez en España tendrá que comparecer de nuevo ante el juez Pedraz. Esta vez, además, por haberse dado a la fuga.
Los investigadores han acreditado que Márquez, además de firmar los contratos en nombre de PDVSA, posee vínculos societarios con Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, en otra sociedad radicada en Panamá y dedicada a la gestión de inmuebles. A preguntas de la Fiscalía, Márquez aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA más que ejecutivo era de carácter simbólico y que los firmó por delegación de otras personas. Rechazó haber cobrado comisiones.
La policía cree que los contratos al hijo de Morodo como asesor jurídico de PDVSA son “una cortina de humo”. La sociedad panameña en la que Márquez figura junto a un socio de Alejo Morodo fue utilizada presuntamente por la trama como pantalla para camuflar el dinero que salió de la petrolera venezolana hacia cuentas en España del hijo del exembajador. Los investigadores sospechan que detrás de estas entregas de dinero sin justificar subyace el pago de favores a Raúl Morodo después de que este abandonase su destino diplomático en Caracas. La policía cree que el dinero se lo repartieron los cuatro implicados.
Una parte acabó en cuentas del exembajador Morodo merced a transferencias bancarias que le hizo su hijo con el dinero de los contratos. Hasta la fecha, los investigadores han descubierto trasvases del hijo al padre por importe de 180.000 euros. Un informe de Hacienda apunta la existencia de delitos fiscales, ya que los implicados no han declarado el dinero de los citados contratos. Anticorrupción investiga también delitos de falsedad, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
“Ciudadano ministro”
Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de la petrolera por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder de EL PAÍS. El ejecutivo de la compañía remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la empresa con Morodo. Y en ellas se detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.
Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, el entonces presidente de PDVSA, con Hugo Chávez en el poder, exembajador de Venezuela ante la ONU hasta su cese en 2017. Ramírez y Raúl Morodo labraron amistad durante los años en los que el exdiplomático socialista fue nombrado embajador en Caracas, entre 2004 y 2007. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.
Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos primos suyos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra cantidades millonarias que provenían del pago de comisiones de compañías que contrataron con PDVSA.

jueves, 18 de julio de 2019

Edgar Zambrano, el vicepresidente del Parlamento de Venezuela encarcelado por el régimen de Maduro, lleva nueve días en huelga de hambre

Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

La diputada opositora Delsa Solórzano informó que el preso político está recibiendo "hidratación" y recordó que padece hipertensión. Anunció, además, que informarán del caso a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Édgar Zambrano, detenido a inicios de mayo pasado bajo acusaciones de apoyar un fallido levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, se encuentra en huelga de hambre desde hace nueve días, informaron este jueves sus compañeros de bancada.
"El diputado por el estado Lara (oeste), Édgar Zambrano, se encuentra en huelga de hambre desde hace nueve días y, pues obviamente con una huelga de hambre de varios días, ha tenido que empezar a recibir hidratación", manifestó a la prensa la parlamentaria Delsa Solórzano, acompañada de otros legisladores.
Según la diputada, que hace parte de la comisión de política exterior del Legislativo, Zambrano exige a las autoridades judiciales "la liberación inmediata" de cuatro de sus colaboradores, así como acceso a sus abogados y visitas familiares.
"Hoy Édgar Zambrano está en huelga de hambre, tememos por su vida, por su seguridad física, por su salud, y reiteramos nuestra exigencia de libertad inmediata para el diputado Zambrano, así como el cumplimiento inmediato de las peticiones que este está haciendo", añadió Solórzano al recordar que el opositor "no es un jovencito" y padece hipertensión.


El 8 de mayo agentes del Sebin se llevaron a Zambrano (EFE/ Miguel Gutiérrez)
El 8 de mayo agentes del Sebin se llevaron a Zambrano (EFE/ Miguel Gutiérrez)
"Comprendemos la medida", dijo, aunque aclaró que la considera "bastante drástica".
Explicó que el Parlamento, que controla la oposición, informará "ya mismo" del caso a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a otros organismos multilaterales.
Zambrano fue detenido junto a sus colaboradores luego de ser acusado de apoyar el fallido levantamiento militar que lideró el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, el pasado 30 de abril, y que la dictadura de Maduro controló en pocas horas y sin bajas.
Un día después, se suscitaron protestas en varias ciudades del país en apoyo al levantamiento y en rechazo a Maduro, y se saldaron con al menos cinco fallecidos, cientos de heridos y al menos 200 detenciones.
Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.
En respuesta, Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado en interpretación de varios artículos de la Constitución venezolana.

Edgar Zambrano, el vicepresidente del Parlamento de Venezuela encarcelado por el régimen de Maduro, lleva nueve días en huelga de hambre

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Edgar Zambrano, el vicepresidente del Parlamento de Venezuela encarcelado por el régimen de Maduro, lleva nueve días en huelga de hambre

Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

La diputada opositora Delsa Solórzano informó que el preso político está recibiendo "hidratación" y recordó que padece hipertensión. Anunció, además, que informarán del caso a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Édgar Zambrano, detenido a inicios de mayo pasado bajo acusaciones de apoyar un fallido levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, se encuentra en huelga de hambre desde hace nueve días, informaron este jueves sus compañeros de bancada.
"El diputado por el estado Lara (oeste), Édgar Zambrano, se encuentra en huelga de hambre desde hace nueve días y, pues obviamente con una huelga de hambre de varios días, ha tenido que empezar a recibir hidratación", manifestó a la prensa la parlamentaria Delsa Solórzano, acompañada de otros legisladores.
Según la diputada, que hace parte de la comisión de política exterior del Legislativo, Zambrano exige a las autoridades judiciales "la liberación inmediata" de cuatro de sus colaboradores, así como acceso a sus abogados y visitas familiares.
"Hoy Édgar Zambrano está en huelga de hambre, tememos por su vida, por su seguridad física, por su salud, y reiteramos nuestra exigencia de libertad inmediata para el diputado Zambrano, así como el cumplimiento inmediato de las peticiones que este está haciendo", añadió Solórzano al recordar que el opositor "no es un jovencito" y padece hipertensión.


El 8 de mayo agentes del Sebin se llevaron a Zambrano (EFE/ Miguel Gutiérrez)
El 8 de mayo agentes del Sebin se llevaron a Zambrano (EFE/ Miguel Gutiérrez)
"Comprendemos la medida", dijo, aunque aclaró que la considera "bastante drástica".
Explicó que el Parlamento, que controla la oposición, informará "ya mismo" del caso a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a otros organismos multilaterales.
Zambrano fue detenido junto a sus colaboradores luego de ser acusado de apoyar el fallido levantamiento militar que lideró el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, el pasado 30 de abril, y que la dictadura de Maduro controló en pocas horas y sin bajas.
Un día después, se suscitaron protestas en varias ciudades del país en apoyo al levantamiento y en rechazo a Maduro, y se saldaron con al menos cinco fallecidos, cientos de heridos y al menos 200 detenciones.
Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.
En respuesta, Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado en interpretación de varios artículos de la Constitución venezolana.

miércoles, 17 de julio de 2019

Guaidó convoca una gran sesión de calle seis meses después de asumir la Presidencia (E)

Juan Guaidó dirigiéndose a los venezolanos el convocatoria 5 de julio 2019

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este miércoles a una Gran Sesión de Calle pautada para el próximo 23 de julio.
En la movilización se realizarán anuncios importantes sobre la lucha por conseguir la libertad de Venezuela, de acuerdo a una información ofrecida por el Centro de Comunicación Nacional en su cuenta de Twitter.

Guaidó convoca una gran sesión de calle seis meses después de asumir la Presidencia (E)

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Guaidó convoca una gran sesión de calle seis meses después de asumir la Presidencia (E)

Juan Guaidó dirigiéndose a los venezolanos el convocatoria 5 de julio 2019

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este miércoles a una Gran Sesión de Calle pautada para el próximo 23 de julio.
En la movilización se realizarán anuncios importantes sobre la lucha por conseguir la libertad de Venezuela, de acuerdo a una información ofrecida por el Centro de Comunicación Nacional en su cuenta de Twitter.
La crisis de Venezuela centró el debate político en la cumbre del Mercosur


El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habla durante la 54ª Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur y Estados Asociados, en Santa Fe, Argentina, 17 de julio de 2019. Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina / Folleto a través de los EDITORES DE ATENCIÓN DE REUTERS

Los cancilleres de los cuatro países miembros del Mercosur y sus asociados, abordaron este miércoles 17 de julio en Argentina.
La crisis que vive Venezuela fue el asunto más destacado del debate político entre los presidentes que acuden a la cumbre semestral del Mercosur, bloque en el que el país caribeño se encuentra suspendido.
A continuación la declaración:
Los Presidentes de la República Argentina, Mauricio Macri; de la República Federativa del Brasil, Jair Messias Bolsonaro; de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez y de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, Estados Partes del MERCOSUR, con la adhesión de la República de Chile, República de Colombia, de la República del Perú, República de Ecuador, República Cooperativa de Guyana y la República de Suriname, reunidos en Santa Fe, Argentina, el día 17 de julio de 2019, en ocasión de la LIV Cumbre de Presidentes del MERCOSUR:
Expresaron la importancia de trabajar por la consolidación de una región políticamente estable, próspera e integrada, basada en ideales de democracia y la defensa de los derechos humanos y manifestaron su preocupación por la grave crisis que atraviesa Venezuela, que afecta seriamente la situación humanitaria y de derechos humanos, tal como señalado en el informe publicado el 4 de julio de 2019 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha forzado a más de 4 millones de venezolanos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Coincidieron en que la comunidad internacional debe continuar contribuyendo, por todos los medios pacíficos a su alcance, a buscar un pronto retorno de la institucionalidad democrática a ese país y decidieron continuar promoviendo el restablecimiento pleno de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible.
Reconocieron el severo deterioro de las condiciones de vida del pueblo venezolano y la necesidad de continuar coordinando esfuerzos a fin de dar respuestas integrales para atender la crisis migratoria, humanitaria y social que vive ese país, preservando la dignidad y los derechos fundamentales de los venezolanos.
Santa Fe, 17 de julio de 2019

La crisis de Venezuela centró el debate político en la cumbre del Mercosur

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La crisis de Venezuela centró el debate político en la cumbre del Mercosur


El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habla durante la 54ª Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur y Estados Asociados, en Santa Fe, Argentina, 17 de julio de 2019. Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina / Folleto a través de los EDITORES DE ATENCIÓN DE REUTERS

Los cancilleres de los cuatro países miembros del Mercosur y sus asociados, abordaron este miércoles 17 de julio en Argentina.
La crisis que vive Venezuela fue el asunto más destacado del debate político entre los presidentes que acuden a la cumbre semestral del Mercosur, bloque en el que el país caribeño se encuentra suspendido.
A continuación la declaración:
Los Presidentes de la República Argentina, Mauricio Macri; de la República Federativa del Brasil, Jair Messias Bolsonaro; de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez y de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, Estados Partes del MERCOSUR, con la adhesión de la República de Chile, República de Colombia, de la República del Perú, República de Ecuador, República Cooperativa de Guyana y la República de Suriname, reunidos en Santa Fe, Argentina, el día 17 de julio de 2019, en ocasión de la LIV Cumbre de Presidentes del MERCOSUR:
Expresaron la importancia de trabajar por la consolidación de una región políticamente estable, próspera e integrada, basada en ideales de democracia y la defensa de los derechos humanos y manifestaron su preocupación por la grave crisis que atraviesa Venezuela, que afecta seriamente la situación humanitaria y de derechos humanos, tal como señalado en el informe publicado el 4 de julio de 2019 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha forzado a más de 4 millones de venezolanos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Coincidieron en que la comunidad internacional debe continuar contribuyendo, por todos los medios pacíficos a su alcance, a buscar un pronto retorno de la institucionalidad democrática a ese país y decidieron continuar promoviendo el restablecimiento pleno de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible.
Reconocieron el severo deterioro de las condiciones de vida del pueblo venezolano y la necesidad de continuar coordinando esfuerzos a fin de dar respuestas integrales para atender la crisis migratoria, humanitaria y social que vive ese país, preservando la dignidad y los derechos fundamentales de los venezolanos.
Santa Fe, 17 de julio de 2019

Un coronel venezolano con graves problemas de salud espera la apertura de un juicio hace cuatro años

Se trata de José de Jesús Gámez Bustamante, quien fue procesado porque supuestamente estaba involucrado en un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez, en julio de 2012

El coronel José de Jesús Gámez Bustamante

El coronel (GNB) José de Jesús Gámez Bustamante fue procesado judicialmente porque supuestamente estaba involucrado en un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez, en julio de 2012.
Al oficial, quien fuera jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional en el Zulia, lo enviaron a la cárcel militar de Ramo Verde pero, como había sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV) en el 2008 y estenosis aórtica (soplo en el corazón y riesgo cardíaco), lo cual limitaba sus funciones orgánicas, en noviembre de ese año le dieron casa por cárcel.
Tres años después, el 21 de enero de 2015, en horas de la noche, una comisión de funcionarios de Inteligencia se presentó a su casa y se llevaron detenidos al coronel y a su esposa; les robaron sus pertenecías y destrozaron el lugar.
Eso ocurrió minutos después que Nicolás Maduro dijera en cadena nacional que Gámez era responsable de la quema de una red de abastos, como parte del Movimiento UNO, presentando como evidencia dos llamadas telefónicas con el almirante retirado Iván Carratú Molina y el activista opositor Franklin Hernández.

El coronel pertenece a la GNB
La llamada de Gámez con Carratú Molina fue el 17 de diciembre de 2014, desde un teléfono celular a nombre de su esposa, por lo que a ella le imputaron los cargos de terrorismo y asociación para delinquir, permaneciendo presa hasta el 1 de junio de 2018.
El Sebin, entonces a cargo del hoy detenido MG Miguel Rodríguez Torres, presentó un informe ante el Ministerio Público, con lo que se dio inicio a una investigación que daba fe de "la presunta fuga de información de carácter secreta y estratégica, en el palacio de Miraflores", donde estaba el despacho oficial del presidente Chávez.
Insistió el Sebin en señalar que los supuestos conspiradores se comunicaban a través de correos electrónicos cifrados, para lo que mencionaban al correo nuevoorden@gmail.com a la cuenta de Twitter @1Unnuevoorden y la consigna "UNO movimiento político civil-militar, para salvar Venezuela. UNO es la expresión más transparente de la soberanía".
Destaca la información que se encontrarían vinculadas Ana De Abreu de San Miguel y Lourdes Escobar, a quienes les hacen seguimiento electrónico y por un correo electrónico que Abreu y el coronel Gámez reciben, con la agenda del Presidente de la República. Todos los investigados en ese caso, menos el coronel, están libres porque luego de no encontrarles pruebas. Les dieron medidas cautelares en diciembre de 2017.

Riesgo de muerte
El oficial José de Jesús Gámez Bustamente corre grave riesgo de muerte. Entre lo que le han detectado está "emergencia hipertensiva con encefalopatía y edema cerebral, cardiomiopatía hipertrófica con aorto esclerosis y estenosis aórtica, enfermedad cerebro vascular crónica con hemiplejia derecha, secuela del ACV".
El Comando de la Guardia Nacional (GN) ya había realizado los trámites para darle de baja por su problema de salud, que es progresivo e irreversible, al coronel en el momento en que fue detenido.
Él estuvo recluido en El Helicoide, en La Tumba del Sebin, en la cárcel de Ramo Verde y ahora en la peligrosa cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico, presentado desnutrición severa, siendo víctima de violaciones de DDHH y sometido a retardo procesal porque está en fase de juicio. Pero aún no se ha realizado la apertura del juicio, que debió haber sido hace cuatro años, ya que la acusación fue presentada el 12 de marzo de 2015.


Para el coronel, imputado de terrorismo y asociación para delinquir, todo está restringido, incluso el medicamento y la alimentación. Y solo pueden visitarlo los familiares más cercanos.
En esa cárcel donde está el coronel sólo permiten el ingreso de mujeres vestidas de blanco, en un extraño ritual que alguien inventó.
Aunque resulte incomprensible, el caso del coronel Gámez Bustamente no está en un tribunal Militar sino en uno ordinario, en manos de la jueza tercera de primera instancia en función de juicio con competencia a casos vinculados al terrorismo.

Un coronel venezolano con graves problemas de salud espera la apertura de un juicio hace cuatro años

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Un coronel venezolano con graves problemas de salud espera la apertura de un juicio hace cuatro años

Se trata de José de Jesús Gámez Bustamante, quien fue procesado porque supuestamente estaba involucrado en un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez, en julio de 2012

El coronel José de Jesús Gámez Bustamante

El coronel (GNB) José de Jesús Gámez Bustamante fue procesado judicialmente porque supuestamente estaba involucrado en un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez, en julio de 2012.
Al oficial, quien fuera jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional en el Zulia, lo enviaron a la cárcel militar de Ramo Verde pero, como había sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV) en el 2008 y estenosis aórtica (soplo en el corazón y riesgo cardíaco), lo cual limitaba sus funciones orgánicas, en noviembre de ese año le dieron casa por cárcel.
Tres años después, el 21 de enero de 2015, en horas de la noche, una comisión de funcionarios de Inteligencia se presentó a su casa y se llevaron detenidos al coronel y a su esposa; les robaron sus pertenecías y destrozaron el lugar.
Eso ocurrió minutos después que Nicolás Maduro dijera en cadena nacional que Gámez era responsable de la quema de una red de abastos, como parte del Movimiento UNO, presentando como evidencia dos llamadas telefónicas con el almirante retirado Iván Carratú Molina y el activista opositor Franklin Hernández.

El coronel pertenece a la GNB
La llamada de Gámez con Carratú Molina fue el 17 de diciembre de 2014, desde un teléfono celular a nombre de su esposa, por lo que a ella le imputaron los cargos de terrorismo y asociación para delinquir, permaneciendo presa hasta el 1 de junio de 2018.
El Sebin, entonces a cargo del hoy detenido MG Miguel Rodríguez Torres, presentó un informe ante el Ministerio Público, con lo que se dio inicio a una investigación que daba fe de "la presunta fuga de información de carácter secreta y estratégica, en el palacio de Miraflores", donde estaba el despacho oficial del presidente Chávez.
Insistió el Sebin en señalar que los supuestos conspiradores se comunicaban a través de correos electrónicos cifrados, para lo que mencionaban al correo nuevoorden@gmail.com a la cuenta de Twitter @1Unnuevoorden y la consigna "UNO movimiento político civil-militar, para salvar Venezuela. UNO es la expresión más transparente de la soberanía".
Destaca la información que se encontrarían vinculadas Ana De Abreu de San Miguel y Lourdes Escobar, a quienes les hacen seguimiento electrónico y por un correo electrónico que Abreu y el coronel Gámez reciben, con la agenda del Presidente de la República. Todos los investigados en ese caso, menos el coronel, están libres porque luego de no encontrarles pruebas. Les dieron medidas cautelares en diciembre de 2017.

Riesgo de muerte
El oficial José de Jesús Gámez Bustamente corre grave riesgo de muerte. Entre lo que le han detectado está "emergencia hipertensiva con encefalopatía y edema cerebral, cardiomiopatía hipertrófica con aorto esclerosis y estenosis aórtica, enfermedad cerebro vascular crónica con hemiplejia derecha, secuela del ACV".
El Comando de la Guardia Nacional (GN) ya había realizado los trámites para darle de baja por su problema de salud, que es progresivo e irreversible, al coronel en el momento en que fue detenido.
Él estuvo recluido en El Helicoide, en La Tumba del Sebin, en la cárcel de Ramo Verde y ahora en la peligrosa cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico, presentado desnutrición severa, siendo víctima de violaciones de DDHH y sometido a retardo procesal porque está en fase de juicio. Pero aún no se ha realizado la apertura del juicio, que debió haber sido hace cuatro años, ya que la acusación fue presentada el 12 de marzo de 2015.


Para el coronel, imputado de terrorismo y asociación para delinquir, todo está restringido, incluso el medicamento y la alimentación. Y solo pueden visitarlo los familiares más cercanos.
En esa cárcel donde está el coronel sólo permiten el ingreso de mujeres vestidas de blanco, en un extraño ritual que alguien inventó.
Aunque resulte incomprensible, el caso del coronel Gámez Bustamente no está en un tribunal Militar sino en uno ordinario, en manos de la jueza tercera de primera instancia en función de juicio con competencia a casos vinculados al terrorismo.

Ocho países impulsan en la OEA un proyecto de resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela



El borrador presentado por Paraguay y respaldado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú también plantea "exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas" de la CIDH, que carece de acceso al país desde 2002


El proyecto de resolución fue presentado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser considerado por los 34 miembros y busca "condenar, firmemente, las graves y sistemáticas" violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El borrador también plantea "exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas" a Venezuela de la CIDH, un ente independiente de la OEA, que carece de acceso al país desde 2002.
El texto presentado por Paraguay -apoyado también por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú– también plantea pedir "la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos".


Hugo Chávez denunció en 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Venezuela sigue sujeta a la jurisdicción de la CIDH como miembro de la OEA.
Sin embargo, el régimen de Maduro, que se retiró de la OEA en abril, no reconoce sus competencias.
La OEA desconoce el segundo mandato de Maduro y reconoció por 18 votos al delegado nombrado por el líder del Parlamento Juan Guaidó, Gustavo Tarre.
"Nosotros desde el representante permanente de Venezuela ante la OEA, designado por la Asamblea Nacional, recibimos una solicitud de que la CIDH más allá de entrar al país pueda instalar un mecanismo", dijo a los periodistas el presidente de la CIDH, Paulo Abrao.
Abrao señaló que actualmente "hay muchos obstáculos" y que el primero de ellos es la falta de acceso a la víctimas.
La iniciativa fue rechaza por el representante de Nicaragua, Luis Alvarado, "por tratarse de un país que no es miembro de esta organización", en referencia a la postura que sostiene Maduro.
Uruguay, por su parte, anunció que "no participará en la discusión".

Ocho países impulsan en la OEA un proyecto de resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

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Ocho países impulsan en la OEA un proyecto de resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela



El borrador presentado por Paraguay y respaldado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú también plantea "exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas" de la CIDH, que carece de acceso al país desde 2002


El proyecto de resolución fue presentado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser considerado por los 34 miembros y busca "condenar, firmemente, las graves y sistemáticas" violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El borrador también plantea "exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas" a Venezuela de la CIDH, un ente independiente de la OEA, que carece de acceso al país desde 2002.
El texto presentado por Paraguay -apoyado también por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú– también plantea pedir "la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos".


Hugo Chávez denunció en 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Venezuela sigue sujeta a la jurisdicción de la CIDH como miembro de la OEA.
Sin embargo, el régimen de Maduro, que se retiró de la OEA en abril, no reconoce sus competencias.
La OEA desconoce el segundo mandato de Maduro y reconoció por 18 votos al delegado nombrado por el líder del Parlamento Juan Guaidó, Gustavo Tarre.
"Nosotros desde el representante permanente de Venezuela ante la OEA, designado por la Asamblea Nacional, recibimos una solicitud de que la CIDH más allá de entrar al país pueda instalar un mecanismo", dijo a los periodistas el presidente de la CIDH, Paulo Abrao.
Abrao señaló que actualmente "hay muchos obstáculos" y que el primero de ellos es la falta de acceso a la víctimas.
La iniciativa fue rechaza por el representante de Nicaragua, Luis Alvarado, "por tratarse de un país que no es miembro de esta organización", en referencia a la postura que sostiene Maduro.
Uruguay, por su parte, anunció que "no participará en la discusión".

Un asesor de Juan Guaidó dijo que Venezuela reestructuraría su deuda con China y Rusia a través del Club de París si Maduro deja el poder



Ricardo Hausmann, quien representa al presidente encargado venezolano en la reunión anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo a periodistas que el equipo aún no ha especificado cómo sería el plan

La deuda de Venezuela con China y Rusia se negociará a través de las reglas del Club de París si el dictador Nicolás Maduro abandona el poder, dijo el miércoles un asesor del líder de la oposición, Juan Guaidó, en respuesta a preocupaciones de acreedores por un posible trato favorable a los dos países.
Ricardo Hausmann, quien representa a Guaidó en la reunión anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo a periodistas que el equipo no ha especificado cómo sería la reestructuración de la deuda con Rusia y China porque el proceso tiene lugar bajo el auspicio del Club de París.
"El capítulo de deuda bilateral no es que se dijo que lo vamos a tratar diferencialmente. Se trata diferencialmente en la práctica internacional a través del Club de París", explicó Hausmann, en Guayaquil.
"Nosotros no hemos sacado ningún lineamiento específico sobre el tratamiento de deudas bilaterales por esa razón", insistió.


A principios de mes, los asesores de Guaidó publicaron un plan que prometían un trato equitativo para todos los acreedores venezolanos durante un eventual proceso de reestructuración de unos 200.000 millones de dólares, en caso de que Nicolás Maduro deje el poder.
Pero el plan incluye una discusión por separado para la deuda bilateral con Rusia y China, aliados de Maduro, lo que provocó el rechazo de un grupo de tenedores de bonos conocido como el "Comité de Acreedores de Venezuela", que dijo que la negociación tiene que incluir a todos, públicos y privados.
Guaidó, quien lidera la Asamblea Nacional controlada por la oposición, invocó en enero a la Constitución de Venezuela para asumir una presidencia interina y desafiar a Maduro a que renuncie, argumentando que su elección en 2018 fue ilegítima.
Pero Maduro, quien llama a Guaidó un títere apoyado por Estados Unidos para derrocarlo en un golpe de Estado, ha mantenido el control de las instituciones militares y estatales. China, Rusia y Cuba siguen reconociéndolo como presidente.

Un asesor de Juan Guaidó dijo que Venezuela reestructuraría su deuda con China y Rusia a través del Club de París si Maduro deja el poder

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Un asesor de Juan Guaidó dijo que Venezuela reestructuraría su deuda con China y Rusia a través del Club de París si Maduro deja el poder



Ricardo Hausmann, quien representa al presidente encargado venezolano en la reunión anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo a periodistas que el equipo aún no ha especificado cómo sería el plan

La deuda de Venezuela con China y Rusia se negociará a través de las reglas del Club de París si el dictador Nicolás Maduro abandona el poder, dijo el miércoles un asesor del líder de la oposición, Juan Guaidó, en respuesta a preocupaciones de acreedores por un posible trato favorable a los dos países.
Ricardo Hausmann, quien representa a Guaidó en la reunión anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo a periodistas que el equipo no ha especificado cómo sería la reestructuración de la deuda con Rusia y China porque el proceso tiene lugar bajo el auspicio del Club de París.
"El capítulo de deuda bilateral no es que se dijo que lo vamos a tratar diferencialmente. Se trata diferencialmente en la práctica internacional a través del Club de París", explicó Hausmann, en Guayaquil.
"Nosotros no hemos sacado ningún lineamiento específico sobre el tratamiento de deudas bilaterales por esa razón", insistió.


A principios de mes, los asesores de Guaidó publicaron un plan que prometían un trato equitativo para todos los acreedores venezolanos durante un eventual proceso de reestructuración de unos 200.000 millones de dólares, en caso de que Nicolás Maduro deje el poder.
Pero el plan incluye una discusión por separado para la deuda bilateral con Rusia y China, aliados de Maduro, lo que provocó el rechazo de un grupo de tenedores de bonos conocido como el "Comité de Acreedores de Venezuela", que dijo que la negociación tiene que incluir a todos, públicos y privados.
Guaidó, quien lidera la Asamblea Nacional controlada por la oposición, invocó en enero a la Constitución de Venezuela para asumir una presidencia interina y desafiar a Maduro a que renuncie, argumentando que su elección en 2018 fue ilegítima.
Pero Maduro, quien llama a Guaidó un títere apoyado por Estados Unidos para derrocarlo en un golpe de Estado, ha mantenido el control de las instituciones militares y estatales. China, Rusia y Cuba siguen reconociéndolo como presidente.

lunes, 15 de julio de 2019

Crisis en Venezuela: el país registró 58 protestas diarias en la primera mitad de 2019

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló en su informe semestral que el número de movilizaciones, en su mayoría contra el régimen de Maduro, se incrementó un 97 % en comparación con el mismo período del año 2018


Un total de 10.477 protestas callejeras se registraron en las calles de Venezuela en el primer semestre de 2019, con una media de 58 manifestaciones diarias, en las que se produjeron, fundamentalmente, reivindicaciones políticas y sociales, informó este lunes una organización no gubernamental.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló en su informe semestral que el número de protestas se incrementó un 97 % en comparación con el mismo período del año 2018.
La ONG considera que la cifra "pone en evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela" y deja ver como los derechos humanos de los venezolanos "son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación".
Del total de manifestaciones, 4.777 correspondieron a exigencias por el "derecho a la participación política", 4.169 por "derecho a la vivienda/servicios públicos", 1.587 por "derechos laborales" y 697 por "derecho a la alimentación".
Las formas de protestas más comunes fueron las concentraciones callejeras, el cierre de vías públicas y las marchas, que sumaron el 74,75 % de las modalidades, que incluyen, además, cacerolazos y pancartazos.


Un grupo de personas participó este lunes en una manifestación frente al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, por falta de trasplantes y tratamientos médicos en Caracas (Venezuela) EFE
Un grupo de personas participó este lunes en una manifestación frente al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, por falta de trasplantes y tratamientos médicos en Caracas (Venezuela) EFE
Las manifestaciones, advierte la entidad, se produjeron en zonas rurales y urbanas del territorio nacional y "muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos".

En el informe se resalta el incremento de las protestas en sectores populares, considerados "antiguos bastiones del chavismo" y las enfocadas a pedir "la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia".
Las regiones en las que se registraron más protestas fueron Miranda (centro) y el Distrito Capital (centro), con 947 y 888 manifestaciones, respectivamente; además de los estados occidentales de Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
Según OVCS, durante el período enero-junio la crisis venezolana se agudizó de manera "acelerada e insostenible" a consecuencia del colapso de los servicios públicos (electricidad, agua potable y gas doméstico), la escasez de gasolina, las limitaciones crónicas al acceso a medicinas, insumos médicos y alimentos, entre otros.
El observatorio denunció que durante el período "arreció la política de represión", con el "uso de grupos de exterminio para reprimir" que, asegura, están "conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares".
En su informe sobre Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recomendó al Gobierno de Nicolás Maduro la disolución de las FAES y el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas.


Juan Guaidó se reunió con Michelle Bachelet el viernes 21 de junio en Caracas
Juan Guaidó se reunió con Michelle Bachelet el viernes 21 de junio en Caracas
Según OVCS, de enero a junio se contabilizó "un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas" y además "6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales" a consecuencia de "allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones".

Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.
En respuesta, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino alegando unos artículos de la Constitución venezolana.
Con información de EFE

Crisis en Venezuela: el país registró 58 protestas diarias en la primera mitad de 2019

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Crisis en Venezuela: el país registró 58 protestas diarias en la primera mitad de 2019

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló en su informe semestral que el número de movilizaciones, en su mayoría contra el régimen de Maduro, se incrementó un 97 % en comparación con el mismo período del año 2018


Un total de 10.477 protestas callejeras se registraron en las calles de Venezuela en el primer semestre de 2019, con una media de 58 manifestaciones diarias, en las que se produjeron, fundamentalmente, reivindicaciones políticas y sociales, informó este lunes una organización no gubernamental.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló en su informe semestral que el número de protestas se incrementó un 97 % en comparación con el mismo período del año 2018.
La ONG considera que la cifra "pone en evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela" y deja ver como los derechos humanos de los venezolanos "son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación".
Del total de manifestaciones, 4.777 correspondieron a exigencias por el "derecho a la participación política", 4.169 por "derecho a la vivienda/servicios públicos", 1.587 por "derechos laborales" y 697 por "derecho a la alimentación".
Las formas de protestas más comunes fueron las concentraciones callejeras, el cierre de vías públicas y las marchas, que sumaron el 74,75 % de las modalidades, que incluyen, además, cacerolazos y pancartazos.


Un grupo de personas participó este lunes en una manifestación frente al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, por falta de trasplantes y tratamientos médicos en Caracas (Venezuela) EFE
Un grupo de personas participó este lunes en una manifestación frente al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, por falta de trasplantes y tratamientos médicos en Caracas (Venezuela) EFE
Las manifestaciones, advierte la entidad, se produjeron en zonas rurales y urbanas del territorio nacional y "muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos".

En el informe se resalta el incremento de las protestas en sectores populares, considerados "antiguos bastiones del chavismo" y las enfocadas a pedir "la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia".
Las regiones en las que se registraron más protestas fueron Miranda (centro) y el Distrito Capital (centro), con 947 y 888 manifestaciones, respectivamente; además de los estados occidentales de Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
Según OVCS, durante el período enero-junio la crisis venezolana se agudizó de manera "acelerada e insostenible" a consecuencia del colapso de los servicios públicos (electricidad, agua potable y gas doméstico), la escasez de gasolina, las limitaciones crónicas al acceso a medicinas, insumos médicos y alimentos, entre otros.
El observatorio denunció que durante el período "arreció la política de represión", con el "uso de grupos de exterminio para reprimir" que, asegura, están "conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares".
En su informe sobre Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recomendó al Gobierno de Nicolás Maduro la disolución de las FAES y el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas.


Juan Guaidó se reunió con Michelle Bachelet el viernes 21 de junio en Caracas
Juan Guaidó se reunió con Michelle Bachelet el viernes 21 de junio en Caracas
Según OVCS, de enero a junio se contabilizó "un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas" y además "6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales" a consecuencia de "allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones".

Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.
En respuesta, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino alegando unos artículos de la Constitución venezolana.
Con información de EFE

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